Una vez más Estados Unidos de América, su Tribunal Supremo y las autoridades del Estado de Virginia, se muestran insensibles ante las peticiones de clemencia para una ciudadana condenada a la pena de muerte. Teresa Lewis fue acusada y sentenciada a muerte en 2003 por haber admitido el encargo de matar a su esposo y al hijo de este, con la intención de cobrar un seguro de vida. Los autores materiales del crimen, en cambio recibieron sentencias de cadenas perpetuas –aunque uno de ellos, se suicidó en 2006–. En 1976 se reinstauró la pena capital en los EE UU, y desde entonces ha sido impuesta a 12 mujeres, incluyendo a Teresa. Este caso nos demuestra una vez más lo inefectivo de este tipo de castigo debido a que como muchos expertos afirman no tan sólo las minorías étnicas son las principales víctimas de esta crueldad, sino que la justicia es más férrea cuando una mujer se sale de los roles asignados por la sociedad. Teresa además, tenía un coeficiente intelectual de 72 (sólo dos puntos por encima del mínimo legal permitido para ejecutar este tipo de sentencia); y por otra parte, su defensa había presentado como evidencia a su favor una carta en la que uno de los dos hombres también acusados, admitía que había manipulado a Teresa para llevar a cabo el plan. Los 38 estados que aún quedan por abolir la pena de muerte deben plantearse las posibles vías para reformar sus códigos y sistemas penales con el fin de otorgarle una verdadera rehabilitación e integración al criminal. Así EE UU pasaría a formar parte de los hasta ahora 91 países que han suprimido completamente este tipo de sentencias.
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