sábado, 19 de febrero de 2011

Las declaraciones de Gutiérrez: su contexto en las relaciones de poder colonial en Puerto Rico

Durante esta semana hemos sido testigos de diversos intercambios de opinión y debates sobre las expresiones que hiciera el representante del distrito 4 de Illinios, Luis V. Gutiérrez en la Cámara de los Representantes de EE UU, el miércoles en horas de la mañana.


           La reacción que más me ha hecho reflexionar ha sido, por cuestiones obvias, la del Comisionado de Puerto Rico en dicha cámara, Pedro Pierluisi (ver aquí y aquí). Dicha reacción se basó en dos líneas argumentativas: 1. que lo planteado por el representante era una exageración en términos de la comparación con Egipto, y que por tanto, sus planteamiento eran falsos e insultantes hacia Puerto Rico y al juez federal, Sr. Fusté; 2. que Gutiérrez no está autorizado a “hablar en nombre de los puertorriqueños” porque él es el que tiene el “mandato” para así hacerlo en dicho cuerpo.
Mi reacción gira en torno a que tanto Pierluisi -anexionista demócrata-, como Fortuño -anexionista republicano-conservador/“reaganista” y simpatizante “tea-partier”-, o sea todo el espectro ideológico viable dentro del anexionismo puertorriqueño[1] no tomen en consideración los siguientes puntos: Primero, en ningún momento Gutiérrez hizo sus expresiones a “nombre del pueblo de Puerto Rico”, como han querido hacer ver los citados individuos. Más bien, las hizo como representante del distrito 4 de Illinois; como lo que es. Segundo, las críticas sobre si es una persona con capacidad (y poder, sobre todo) de opinar y decidir sobre Puerto Rico, pues deben saber que sí, que tiene tanto la capacidad, como el poder para hacerlo. ¿Por qué? Los amig@s de la anexión en Puerto Rico deben tener clara una cosa. Desde 1898, el Tratado firmado en París el 10 de diciembre (perdonen tener que recurrir al fatídico año de nuestra historia otra vez), que a pesar de su nulidad traspasó la soberanía de nuestro archipiélago a los Estados Unidos, y que por virtud del Artículo IV, sección 3.2, administraría el Congreso de los EE UU (hoy día bajo la jurisdicción de la Comisión de Recursos Naturales). Por tanto, debe entenderse que tanto en la teoría, como en la práctica; implícita y explícitamente en ambas cámaras del Congreso de EE UU se habla de nuestro archipiélago todos los días. Al fin y al cabo, allí reside la soberanía de nuestro territorio y toda legislación aplica sin que ningún representante la haya votado. No creo que Pierluisi y l@s anexionist@s sean ignorantes de este dato. Es más, saben que Gutiérrez no es el primero ni será el último representante o senador estadounidense (demócrata o republicano; preferente de la anexión, del estatus-quo o de la independencia) que se exprese sobre Puerto Rico. ¿Qué hicieron sino Foraker, Jones, Tydings y hasta el mismo Vito Marcantonio[2], entre much@s otr@os, sino hablar y expresarse sobre diversas situaciones sobre Puerto Rico?
Mi tercera reacción gira en torno precisamente a lo que hago referencia en la penúltima oración del párrafo anterior. ¿Cuál es el problema en torno a esas declaraciones? ¿Qué las hiciera un demócrata que supuestamente apoya la independencia de Puerto Rico? Todos sabemos que es demócrata, pero sobre su preferencia de estatus, pues yo no lo tengo tan claro y no soy quién para juzgarlo. Gutiérrez ha jugado el papel que ha querido en diferentes momentos en los que se ha presentado legislación en el Congreso para intentar resolver estatus colonial de Puerto Rico y ha hecho diferentes vaivenes en su parecer y acciones en  torno a otros temas[3]. Tampoco soy, ni creo que seamos las personas adecuadas para juzgar sus sentimientos identarios respecto a Puerto Rico. Él se ha autodenominado como un boricua de Chicago. Y no somos nadie, y mucho menos si no comprendemos la historia de la migración y del "ir y venir" puertorriqueños (como al parecer ignora Pierluisi) en diversos momentos a diferentes ciudades estadounidenses de much@s puertorriqueñ@s. En fin, su condición de puertorriqueño o no, de independentista o no, no le inhiben su capacidad y poder como representante en el Congreso de EE UU de expresarse sobre situaciones en el territorio no incorporado de Puerto Rico, o como él bien dijera, y para que quede claro en la colonia de Estados Unidos. Como cualquier otro representante (pongamos, del distrito 1 del estado de Iowa) tiene la misma capacidad y poder de expresarse sobre cualquier asunto que afecte a la unión federal y a sus posesiones territoriales (coloniales, para mi preferencia).
Mi cuarta y última reacción gira en torno a sus supuestas exageraciones comparativas con Egipto. Hay que saber medir las palabras. En retórica hay algo que se llama el “recurso metafórico”. Su propósito comparativo, no consiste en igualar los objetos (en este caso, países) que se comparan, sino más bien en utilizar unos casos extremos para llamar la atención sobre uno de los casos. No creo que sus palabras deban ser interpretadas al extremo de decir que admitió una situación de igualdad en los dos casos. Él tiene muy claro cuáles son los matices sobre los que habló en sus críticas el señor comisionado, pero las violaciones a los derechos son violaciones a los derechos civiles donde sea[4]. Y mucho más, creo que cualquier representante tenía el deber de denunciarlo si las mismas ocurren en una posesión colonial del país en cuyo Congreso federal ejercen sus labores. Lo que él argumentó en sus declaraciones sobre las violaciones de derechos civiles a estudiantes ya arrestados y a la prensa o el injusto encarcelamiento por el Juez federal de distrito, Sr. Fusté al presidente del Colegio de Abogados (fundado en 1840) Lcdo. Osvaldo Toledo no son inventos de él ni de los agentes de Fidel Castro, de la ex-URSS, vietnamitas, norcoreanos o agentes de Al-Qaeda en la isla (como muchos anexionistas viven imaginando, al estilo de mente maravillosa), son hechos objetivos contrastables con los códigos civiles y el régimen constitucional vigentes. Es más, diversas ONG's como Amnistía Internacional (AI) y la American Civil Liberties Union (ACLU) han expresado igual preocupación que la que expresó Gutiérrez. O, ¿es que acaso Pierluisi piensa que AI o ACLU son financiados por algunos de los usuales sospechosos en la isla de conspiración sediciosa?



[1] Es una lástima que dentro de este espectro ideológico del anexionismo puertorriqueño no contemos con la izquierda política. Sé que hay individuos anexionistas cuyo fundamento ideológico proviene de la izquierda pero por el momento no son una fuerza pujante y decisiva en su colectividad y tampoco han dejado saber –a mi entender- su opinión al respecto, la cual creo que enriquecería aún más el debate y el intercambio de opiniones.
[2] Representante italo-americano por Nueva York, socialista y miembro del American Labor Party. Fue un gran defensor de la independencia de Puerto Rico y fiel amigo del Don Pedro Albizu Campos en los momentos más duros de la represión política en la isla.
[3] Por ejemplo, fue uno de los desobediente civiles en contra de la presencia de la Marina de Guerra de los EE UU, junto a otras personalidades de la vida política de ese país como Robert Kennedy, Jr., Al Sharpton, la representante Velázquez, entre otr@s.
[4] He leído reacciones que giran en torno a que las verdaderas violaciones de derechos civiles las cometen los estudiantes huelguistas (que por cierto, el día de los incidentes graves no estaban interrumpiendo labores académicas) al no dejar que los otros compañeros participen de sus cursos. Lo que sucede es que en ese caso, si bien podría ser una violación a los códigos de ley vigentes, no es una violación de derechos civiles en el sentido de que el Estado es el garante de que se cumplan esos códigos y puede hacerlos valer si las personas afectadas lo demandan. Por tanto, esta crítica la cual he leído, se desvía totalmente del tema que denunció Gutiérrez.

lunes, 14 de febrero de 2011

La Policía de Puerto Rico tiene que refundarse

            En anteriores ocasiones he hecho referencia a que uno de los problemas fundamentales del cuerpo policial –y sus respectivas divisiones—en Puerto Rico es cómo fue concebido el mismo por las fuerzas invasoras estadounidenses desde 1898. Es decir, sus principios y objetivos fundacionales –al igual que otras fuerzas policiales en el continente, como la Policía Nacional en Nicaragua o la Gendarmería en Haití[1]—, se basaron en el interés de las fuerzas invasoras estadounidenses a estas naciones soberanas[2]. Por esta razón he propuesto en diferentes charlas la utilidad de la memoria histórica como una herramienta que permitiría a las actuales generaciones de puertorriqueños, desde las élites gobernantes hasta la ciudadanía común, entender la necesidad de refundar el cuerpo policial.
            El cuerpo policial debe ser refundado porque desde la invasión militar, y a lo largo del siglo xx ha servido al sostenimiento de unos intereses políticos y económicos. Con este argumento no pretendo anular toda la labor de la Policía en la vida cotidiana del país en los asuntos vinculados con el cumplimiento de las leyes y la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas[3]. Más bien me quiero centrar en los objetivos históricos con los que fue fundado el cuerpo y de qué manera se han manifestado los mismos a los largo del siglo pasado y cómo se están manifestando en la actualidad. La memoria histórica y la discusión sosegada de estos temas de seguridad son de suma relevancia al tomar en consideración los hechos recientes de coartación de las libertades civiles y los abusos de poder y autoridad contra ciertos sectores del país el pasado 10 de febrero de 2011. Por lo tanto, esta discusión debe ser tomada en cuenta por todos los sectores ideológicos del país, sin tomar en consideración las preferencias sobre estatus.
            Muchos recordamos los sucesos infames de nuestra historia política conocidas como las Masacres de Río Piedras, la de Ponce y los hechos violentos y de “guerra declarada”[4] entre la Policía de Puerto Rico, dirigida por el jefe colonial Francis E. Riggs durante la década de los treinta bajo la gobernación colonial del General Blanton Winship. Pero es necesario incluso, remontarnos más atrás en la historia: a aquellos primeros días de la invasión militar estadounidense a Puerto Rico cuando el gobernador militar Guy H. Henry señaló que a fines de contrarrestar cualquier oposición: “se reorganiza la policía bajo la dirección norteamericana, como auxilio a las tropas de ocupación… y cuando las circunstancias los determinen obrarían bajo la dirección militar”.[5] El reclutamiento se dio bajo supervisión de los oficiales norteamericanos, no sólo con el fin de mantener el orden, sino de: “[…] cultivar el patriotismo y demostrar que el soldado puertorriqueño, al igual que el americano, contrae la obligación de defender la bandera y las leyes de los Estados Unidos”[6]. Sabemos que esta primera organización de los cuerpos policiales se debió a la fuerte resistencia que encontró la invasión en diferentes municipios de la isla bajo lo que serían llamadas las “partidas sediciosas” y con el fin de hacer cumplir las leyes de censura a la prensa, sancionadas con el fin de eliminar aquellas “publicaciones que afectasen la visión oficial del gobierno […]”[7].
            Por ejemplo, diversas fuentes históricas recogidas por Jaime L. Rodríguez Cancel en su obra La ocupación militar de los Estados Unidos en Puerto Rico 1898-1900,  revelan testimonios como el siguiente:
“El policía Leopoldo García, señaló en carta al jefe insular, que en su misión de inteligencia había encontrado una oposición generalizada. En su recorrido por Ciales, Jayuya y Utuado encontró que se había difundido ampliamente la propaganda antinorteamericana, la cual propulsaba el establecimiento de la Confederación Antillana, compuesta por Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.[8]
            Ya con el establecimiento del Acta Foraker en 1900 y la eventual seudo-transformación a un régimen colonial civil no “alteró la condiciones represivas señaladas”. A ellos se refiere la siguiente descripción de la isla en 1901:
“La seguridad de la persona está desapareciendo. La policía en vez de salvaguardar, es una amenaza, la cual con sus abusos, siembra el terror en la familia… motines y revueltas ocurren donde quiera que la policía interviene, la fuerza de la cual el gobernador dispone a su capricho… Es más de una ocasión se ha derramado sangre, sangre inocente que nunca debió haber sido derramada y la cual está inflamando las mentes de la gente con el fuego de la indignación el cual es muy difícil reprimir.[9]
                En fin, la policía de Puerto Rico fue concebida en sus orígenes por el invasor como una forma de mantener a raya los reclamos políticos y económicos de los puertorriqueños. Además, entre sus objetivos se encontraba la represión de cualquier símbolo de identidad nacional. Por ejemplo, en 1921 un joven de la Escuela Superior Central en un acto de graduación, en el cual ondeó la bandera puertorriqueña tuvo que enfrentar la represión policial ante las órdenes del Comisionado Miller de que “removieran la bandera enemiga del lugar”[10].
            El desarrollo de actos represivos en contra de diversos sectores políticos del país que reclamaban la descolonización de nuestro quehacer político y económico a lo largo del siglo pasado tuvo diversas manifestaciones fatales. Además de la violencia vivida durante la década de los treinta las siguientes décadas tuvieron sus eventuales manifestaciones. Entre algunos ejemplos, podemos mencionar la represión que se vivió luego de la efímera Proclamación de la Segunda República de Puerto Rico en el municipio de Jayuya en el 1950; los asesinatos de carácter político perpetrados por la policía de Puerto Rico[11] –en obvia colaboración con agencias extranjeras—y su nefasta división de inteligencia de las que fueron víctimas miles de puertorriqueños y organizaciones de carácter político y social bajo la práctica conocida como el “carpeteo”[12].
            Ante todo esto y los actuales incidentes de violencia y abuso policial (ver aquí) que están ocurriendo con los reclamos estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico, los puertorriqueños y puertorriqueñas debemos preguntarnos: ¿Qué policía queremos? Los mismos policías deben sentarse a reflexionar sobre qué tipo de policía quieren ser, qué legado quieren dejar para sus hijos e hijas; y, ante todo desobedecer ante acciones que entiendan vulneran las libertades civiles, políticas y culturales de sus conciudadanos. Un eventual debate y evaluación de esta reconfiguración de las fuerzas policiales debe incluir representantes de la policía. Esto es lo deseable no más en términos normativos. Pero me pesa decir que por el momento sólo me queda ser pesimista[13], y hasta que un partido puertorriqueño, grupo de presión, movimiento social o la sociedad civil no demuestre la voluntad programática de evaluar este tema con la creación de una Comisión de Memoria Histórica y Reconciliación sobre los hechos de los cuáles he mencionado brevísimos ejemplos, los puertorriqueños y puertorriqueñas seguiremos viviendo con la tara histórica de la violencia policial contra sectores determinados que buscan un cambio del orden político, económico o social (como las luchas comunitarias en contra de desalojos y malas condiciones de vida o huelgas obreras como la de la Telefónica en 1998). Por el momento, los hechos demuestran que la policía incluso ha recurrido nuevamente[14] en la práctica del fichaje o “carpeteo” de ciudadanos y ciudadanas puertorriqueños (para ejemplo ver aquí) o a querer que hayan muertos para justificar sus presencia en los recintos de la UPR (ver aquí).


[1] Podemos incluso hacer referencia no sólo a las fuerzas policiales, sino que también muchas de las Fuerzas Armadas en la región de América Latina  y el Caribe fueron reorganizadas de manera que sirvieran a los intereses de los Estados Unidos de América en la región. Para ejemplo, basta con mencionar las diferentes escuelas y el gran financiamiento que ha brindado el gobierno de los EE UU a los mismos.
[2] Incluyendo a Puerto Rico, si tomamos en consideración la nulidad del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898 y su eventual ratificación el 11 de abril de 1899, el cual no contó con participación alguna de plenipotenciario puertorriqueño.
[3] Aunque también habría que evaluar la formación de los miembros del cuerpo, sus estrategias en la prevención, vigilancia, investigación, cuerpos de mando y los procesos de llevar ante los juzgados al infractor de leyes, entre otros asuntos. Pero este tema aunque vinculado a la refundación propuesta, debe ser tratada en otras discusiones. Mi objetivo es utilizar la memoria histórica e interpretar diversos textos con el propósito de evaluar históricamente a qué intereses ha servido la Policía de Puerto Rico.
[4] Decía Francis E. Riggs para justificar la militarización de los cuerpos policiales insulares que el Partido Nacionalista de Puerto Rico iba a tener “guerra y más guerra”.
[5] Luis Nieves Falcón, Un siglo de represión política en Puerto Rico, 1898-1998, Editorial Puerto: San Juan de Puerto Rico, 2009, pp. 62-67.
[6] Ibid., p. 62.
[7] Ibid., p. 63.
[8] Ibid., p.62
[9] Aida Negrón de Montilla, Amerizanization in Puerto Rio and the Public School System: 1900-1930, Río Piedras: Editorial Universidad de Puerto Rico, 1975, p.  53.
[10] Luis Nieves Falcón, op. cit., p.65.
[12] Todo este entramado represivo fue concebido a raíz de la “Guerra Fría” con el propósito de contener los reclamos de los opositores al régimen colonial estadounidense en la isla. Para más información pueden ver los ensayos de Ramón Bosque Pérez y José Colón Morera en http://www.cipdc.org/EnsayosCasoCarpetas.htm
[13] Sobre todo ante la intransigencia de los intereses económicos de una minoría y de las élites gobernantes, entre ellas el Gob. Luis G. Fortuño y el Súper Intendente de la Policía, José Figueroa Sancha… (la lista podría ser interminable).
[14] En términos teóricos, porque en la práctica se desconoce si verdaderamente se descontinuó la práctica a pesar de haber sido desmantelada la División de Inteligencia.