En estos días hemos sido testigos de cómo el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el señor Batlle, y el gobernador de Puerto Rico, el señor Fortuño, se han presentado ante los medios de comunicación como los salvadores de las finanzas de Puerto Rico ante el mercado global. Para colmo, han querido presentarse como gestores ejemplares para el gobierno federal. Dice Batlle, en su escrito de opinión, Haciendo lo que hay que hacer: “Puerto Rico está al frente precisamente porque hicimos a tiempo lo que ahora otros estados y países, e inclusive el gobierno federal, van a tener que hacer”.[1]
Las colonias o territorios no incorporados definitivamente dan lecciones a los imperios; sobre todo cuando se ha tratado de las luchas anticoloniales que se han mantenido constantes por largos años. Pero en este caso, y siguiendo las lógicas de los mercados capitalistas adaptados a la especulación financiera, ¿qué hay de ejemplar en qué degraden la clasificación de las Obligaciones Generales del Gobierno de A3 (abril de 2010) a Baa1 (agosto de 2011)? Si te degradan además los bonos de Obligaciones de Pensiones, de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Autoridad del Distritito del Centro de Convenciones, El Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad para el Financiamiento Municipal y la Autoridad de Carreteras, ¿es eso ejemplar?
A fin de cuentas estos jueguitos de letras y números no nos atañen a los ciudadanos de a pie. Estas adaptaciones (inventos), son herramientas para generar ganancias a través del mismo dinero y no de la producción. Es impresionante observar como el gobierno colonial, administrado por los que aspiran a anexarse a la federación, utilicen los recursos transferidos para la activación de la actividad económica, y a la vez le acusen de que eso es un despilfarro. Además, que a causa de esa intervención el gobierno federal profundizó la crisis de su deuda.
Es aún más sorprendente cuando estas “agencias clasificadoras” utilizan como argumento para degradar los bonos de Puerto Rico la situación de la Administración del Sistema de Retiro (ASR). El gobierno colonial, con la sanción y eventual ejecución de la Ley 7, profundizó en la crisis que venía arrastrando la ASR. Despidiendo cerca de 20.000 empleados públicos e incentivando el retiro temprano de otros, se creó un desbalance de ingresos y pagos que cualquier individuo puede ser capaz de identificar. Las letras y números en realidad me valen, pero está cañón cuando ves que los políticos se presentan como héroes de una economía que sigue profundizando en su crisis múltiple y que de seguro se dirige a un colapso.
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